Las instituciones publicas desarrollan funciones a través de sus trabajadores y mediante el uso de herramientas de gestión que permiten gestionar sus objetivos con eficiencia y eficacia, monitorearlos, evaluarlos y vigilar el desempeño de las mismas.
La gestión publica comprende aspectos políticos y técnicos, ambos son importantes e interdependientes. No es posible una buena gestión si existe inestabilidad política, social, económica, etc. tampoco si no se utiliza las mejores herramientas para gestionar los problemas o las oportunidades. El elemento que vincula estos dos aspectos es la comunicación publica y que comprende tanto la comunicación intrainstitucional como la extrainstitucional, siendo fundamental para educar, comunicar y crear consensos con la población. La comunicación debe ser permanente, se comunicará la visión del gobierno y las políticas para su implementación con el sustento adecuado para obtener el apoyo y la aprobación para su implementación, la comunicación también se da en la otra dirección, es decir desde la población hacia el gobierno, permitiendo a la población expresar sus percepciones y expectativas en función de sus verdaderas necesidades. Es necesario recordar que la comunicación debe ser permanente y en ambas direcciones tal como lo mencionamos, existiendo para su implementación estrategias, herramientas y tecnología moderna. Pero, no se puede pretender sustituir a la comunicación directa y la interacción personal con la tecnología como elemento clave de la gestión.
La tecnología de información y comunicación (TIC) ha revolucionado conceptos y ha impuesto nuevas formas de pensamiento y de vida, ha quebrado barreras como el territorio, el tiempo etc. Podemos darnos cuenta que el impacto de la tecnología tiene cosas positivas, pero debemos mirar mas halla y aceptar que existen aspectos que pueden ser controversiales y hasta negativos. Lo cierto es que la tecnología es parte de la vida diaria y del trabajo de muchas personas, y por otro lado todavía hay personas que no acceden al conocimiento y al uso de las mismas. Nos queda compensar esas diferencias e inequidades para poder hacer la discusión y el análisis sobre terrenos mas homogéneos, lo que no es posible al menos por ahora.
Otro aspecto importante se refiere a la “gobernabilidad”, algunos autores han referido que el termino es polisémico, impreciso[1], palabra atrapatodo[2] o concepto elusivo[3]. Sin embargo, es necesario hacer una explicitación acerca del significado que le daremos al mismo en el presente.
El incremento en la insatisfacción y desconfianza que provoca el funcionamiento de las instituciones en el país, está asociada, por un lado, a la falta de eficacia del Estado para responder a los crecientes reclamos de la sociedad en el marco de las condiciones económicas existentes, y, por otro, a la pérdida de confianza de la ciudadanía hacia los políticos y las instituciones democráticas al no encontrar cumplidas sus demandas. La pérdida de confianza entre los electores y sus partidos políticos, entre la ciudadanía y las políticas estatales produce estados de ingobernabilidad y desconfianza hacia la democracia misma. Los problemas de gobernabilidad se visualizan principalmente como deficiencias del propio Estado y del sistema político.
Visto así, el concepto de gobernabilidad se restringe a un problema de eficacia administrativa o de buena conducción y gerenciamiento del aparato de gobierno. Son las decisiones estatales el factor dinámico y casi excluyente en torno al cual se definen las condiciones de legitimidad y eficacia. Dejando de lado el conjunto de factores, actores sociales y el contexto internacional que producen las condiciones efectivas para la gobernabilidad. Tal como se señaló: “Tan grave como ignorar el problema de la gobernabilidad sería enfocarlo en forma equivocada o restringida”[4].
Invertir ideas y recursos solamente en el mejoramiento del gobierno y de su capacidad de manejar el proceso de desarrollo económico y maximización de la eficiencia del sector público, sin analizar las condiciones de las cuales realmente depende la estabilidad del gobierno, su capacidad de ejercer funciones y la viabilidad del sector público, sería como arar en el mar....
En esa dirección, es pertinente incorporar un concepto mas sistémico de gobernabilidad, que incluya aspectos de la relación del Estado con el conjunto de organismos y poderes públicos y la interacción con los actores de la sociedad civil organizada, la economía y el mercado[5].
Estas interacciones son fundamentales para desarrollar consensos o mayorías estabilizadoras. Así la gobernabilidad deja de ser un asunto de ingeniería del Estado para pasar a ser un proceso más complejo donde deben interactuar un conjunto de actores, por lo tanto la gobernabilidad no es solo la capacidad de un gobierno para ser obedecido por sus atributos (transparencia, eficacia, accountability), sino la capacidad de todos los actores para moverse dentro de determinadas reglas de juego, sin amenazas de ruptura que siembren la incertidumbre en la sociedad y en el mismo gobierno.
Las condiciones de gobernabilidad enfatizan principalmente los mecanismos de articulación entre Estado y sociedad civil, siendo así, la gobernabilidad estaría cuestionada por la crisis de representatividad que hoy vive nuestra sociedad, esta crisis, va mellando la credibilidad en el sistema democrático, en los procedimientos utilizados para la elección de los representantes, en los partidos políticos y en los propios políticos, vistos como un grupo que prioriza sus propios intereses antes que los de sus representados. La eficacia del gobierno se puede ver en doble sentido. Por un lado, la competencia técnica y administrativa del gobierno para aumentar su racionalidad. Por otro, respetar los compromisos electorales y demostrar voluntad política para atender los problemas que surgen especialmente en situaciones de pobreza y exclusión social.
El doble sentido del concepto de eficacia resulta imprescindible para garantizar la gobernabilidad. Las tendencias a la exclusión social que se manifiestan tanto desde las transformaciones macroeconómicas y del Estado como desde el propio mercado con la introducción de nuevas tecnologías y procesos productivos, sólo pueden ser neutralizadas con políticas dirigidas a establecer nuevas formas de cohesión e integración social, es decir, para disminuir las desigualdades que dividen actualmente la sociedad y aumentar la igualdad de oportunidades.
Sintetizando, limitar el concepto de gobernabilidad al desarrollo de estrategias desde el Estado para contener las demandas sociales y canalizar conflictos sin que ellos amenacen la estabilidad del sistema socioeconómico y político ya no es algo que un político debiera practicar, al menos si considera seguir en política, sin embargo, existe otro concepto de gobernabilidad de perspectiva mas integral y no restringida al binomio legitimidad-eficacia que considera central la necesidad de construir permanentemente la gobernabilidad en democracia a partir de una articulación entre el Estado y la sociedad civil que suponga amplia participación de sectores populares en la resolución de los problemas, otorgándole a esta última un papel irremplazable.
Esta perspectiva también implica dejar de lado la idea de que existe sólo un factor dinámico en la construcción de las condiciones para la gobernabilidad democrática. Exige volver la vista hacia el conjunto de los actores sociales y apostar a la capacidad de organización y de articulación de demandas como mecanismos para posibilitar la participación ciudadana más allá del voto y del control de la gestión pública que propone el concepto de accountability. El fortalecimiento de la sociedad civil es fundamental dentro de este concepto de gobernabilidad.
En este marco, insertaremos a las instituciones del Estado, comentando un poco acerca de su organización y la manera como se desempeñan en estos tiempos en los que el país vive procesos fundamentales como son la reforma del Estado y la descentralización.
La mayoría de las instituciones públicas y sus organizaciones corresponden a teorías y modelos del siglo pasado, las cuales fueron construidas teniendo como pilares fundamentales los principios básicos de administración y estructura, concebidos en su tiempo elementos suficientes para desarrollar una organización. Ahora, observamos como estas instituciones están cerca al colapso y a la obsolescencia por no adecuarse para enfrentar éstos cambios y satisfacer la creciente y cambiante demanda de sus usuarios internos y externos.
Estas instituciones fueron creadas para su momento, el tiempo nos demuestra que no existió una adecuada proyección y planificación para el futuro, es así que todavía en ellas se repiten las mismas conductas de las décadas pasadas como el verticalismo, la burocracia, el trabajo descoordinado, falta de manejo adecuado de la información, políticas tradicionales de administración del personal, etc. que vuelven inflexibles e ineficaces a las instituciones frente a las exigencias del mundo moderno.
Estas características de las instituciones publicas demuestran la deficiente implementación de métodos y tecnología moderna para lograr un mejor desempeño. Urge rediseñar las instituciones publicas con enfoques modernos y tecnología en todos sus niveles, sino, se corre el riesgo de perecer en el tiempo arrasadas por los avances tecnológicos y la demanda de calidad y eficiencia en los servicios públicos por parte de los ciudadanos.
La poca credibilidad y el desgaste de nuestras instituciones publicas hacen imperativo pensar en modernizarlas, implementarlas con nueva tecnología, mejorar las capacidades de los trabajadores que fomenten una cultura de modernidad y bienestar social a través de los servicios que brindan. Así mismo, estas deben vincularse y articularse con las organizaciones privadas, esta interacción es necesaria para vincularlas en la solución de los problemas públicos y sociales. La innovación de tecnología de información exige y posibilita cada vez más, el aseguramiento, procesamiento, análisis y uso adecuado de los datos y la información para tomar mejores decisiones, el recurso humano encargado de éstas funciones y de otras tendrán que tener un nivel adecuado de conocimiento y capacitación para garantizar un trabajo adecuado a las necesidades y funciones de la institución. La definición de roles y la descentralización del poder desde el nivel superior, se relaciona profundamente con este tema de gobernabilidad y gestión publica, ya que el ciudadano demanda servicios de calidad al mismo tiempo que quiere informarse y participar activamente en la toma de decisiones que tienen que ver con lo publico. Para esto, las instituciones deben brindar a los trabajadores las condiciones mínimas para garantizar un buen desempeño y su bienestar, mientras que deberán promover la inclusión y la participación activa de los ciudadanos en el análisis de problemas y en la toma de decisiones.
La tecnología de información y comunicación (TIC) en la gestión publica representan una herramienta poderosa, moderna y que implica costos, en el país, su desarrollo aun es incipiente. En la gran mayoría de los casos su uso se restringe a brindar información mediante la implementación de portales en Internet, en el mejor de los casos, siendo pocos, se ha empezado a brindar algunos servicios públicos a los ciudadanos, persistiendo todavía la desconfianza, el desconocimiento y el acceso limitado que tienen los ciudadanos para usar estos servicios. Los casos emblemáticos se han desarrollado en condiciones totalmente diferentes, así que, no se podrían extrapolar al país, ni siquiera a la región. La heterogeneidad social, económica, cultural, etc. genera crecimientos desiguales en cada zona. Desde el lado interno de las instituciones, estas han avanzado en incorporar en su gran mayoría tecnología de información y comunicación con Internet, intranet, pero que incluso en esos casos su uso es todavía insuficiente.
El uso de la TIC para mejorar la gobernabilidad en nuestro país, tiene los inconvenientes de la gran diversidad que presenta en aspectos como los culturales, sociales, económicos, geográficos, de idioma, etc. es por lo mismo, que la implementación y el uso de la TIC no es optimo, ante tal desigualdad e inequidad surge la pregunta: ¿Es prioritario el uso de las TIC para gestionar los problemas públicos y lograr una adecuada gobernabilidad?. Definitivamente las respuestas llegaran de todos los lados y es de esperar que sean positivas o negativas, pero es innegable que como todo proyecto tiene que cumplir condiciones para su desarrollo, por tanto dependerá del enfoque, el costo-beneficio, la capacidad institucional y el apoyo consciente de la población para impulsar su implementación y desarrollo. Queda claro y es necesario remarcar: a) las TIC son herramientas de apoyo a la gestión; b) La TIC, por si solo no garantiza ni modernidad, ni gobernabilidad; c) Se requiere mas que tecnología para implementar un sistema; d) Se requiere una adecuada planificación para su sostenibilidad; e) Son pasos que se tienen que dar, lo que no se sabe es cuando; f) La democracia permite usar diversos medios de información y comunicación; g) Facilita la transparencia y la vigilancia de la gestión publica; h) Reduce costos y tiempos para la institución y para el ciudadano usuario de servicios públicos; i) Te conecta al mundo y te permite verlo de mil formas; j) Es fundamental la visión y la voluntad del político para su desarrollo y sostenimiento. Frente a estos aspectos, es importante insistir en las desigualdades e inequidades existentes, no todos los ciudadanos se benefician de las TICs en los diferentes niveles de gobierno, en nuestro país, las conexiones particulares de Internet tienen una tasa muy baja, por otra parte, si bien es cierto que existen muchas cabinas publicas de internet estas no cumplen del todo los objetivos, por su estructura particular y el principal uso que le da la mayoría de los usuarios de estos servicios.
Finalizamos formulando algunas sugerencias para mejorar los niveles de gobernabilidad en el país:
1) Formular una Política Nacional en gobierno electrónico y el uso de la tecnología de información y comunicación que contemple una implementación estratégica, gradual, ordenada y progresiva en las instituciones publicas de los diversos sectores nacionales, regionales y locales según viabilidad y factibilidad.
2) Fomentar una cultura de participación ciudadana en el debate de asuntos políticos y sociales a diferentes niveles: nacional, regional y local, utilizando sistemas de comunicación e información diseñados y subvencionados por el Estado.
3) Formular un plan de capacitación integral a los funcionarios y trabajadores públicos en gestión publica y uso de las tecnologías de la información y comunicación para mejorar la calidad de los servicios.
4) Formular e implementar políticas de incentivos para las mejores practicas de transparencia en la gestión publica a nivel nacional, regional y local que consideren el uso de las tecnologías de información y comunicación.
5)Diseñar e implementar estrategias destinadas a fortalecer el sistema democrático del país o región fomentando la participación activa de los ciudadanos en los temas públicos, además de crear una cultura de respeto y protección de derechos humanos y ética política.
6) El inicio debe darse a nivel nacional, para integrar los sectores y ministerios existentes, rediseñar sus procesos y ejercer la rectoría nacional que les corresponde de manera articulada y eficiente.
La magnitud de las tareas expuestas tienen diversas connotaciones, aumentando aun mas su complejidad, por lo mismo considero que no se puede negar los beneficios de la tecnología durante su aplicación, pero asimismo no debemos olvidar en que terreno estamos, y sin caer en el pesimismo debemos tomar esto con pinzas por los costos que implican, las condiciones que exigen, las inequidades existentes, la cultura de la población y la débil democracia que a mi entender no soportaría el quiebre brusco de paradigmas en la mayoría de regiones del país. Por ultimo, la TIC es un elemento útil para la rendición de cuentas y transparencia en la gestión de las autoridades locales, regionales y nacionales.
[1] Alcántara Saez, (1994: 16)
[2] Flisfish, (1989: 113)
[3] Tomassini, (1995: 18)
[4] L. Tomassini (1995:11)
[5] Revista Iberoamericana de gobernabilidad y educación. Numero 12. 1996.
Elaborado por: Constantino Vila Córdova
Maestría en Ciencia Política – Gestión Publica
Maestría en Ciencia Política – Gestión Publica
